Esto parece reflejar en la noticia que he podido leer hoy y que sinceramente habra que ver si el asunto avanza o por el contrario es otra historia mas.
Parecía imposible poner puertas al campo y penalizar la copia en Internet, pero empieza a suceder: nuevas leyes y una sentencia dan respiro al negocio cultural – ¿No pagábamos ya el canon y el ADSL?.
¿Por qué comprar un disco si se puede bajar gratis por Internet? ¿Para qué ir al cine, si ya hay copias gratuitas de Gran Torino que se pueden cargar en el iPod y ver la película cuando y donde uno quiera?
Esta mentalidad, automática entre los nativos de Internet, está causando preocupantes destrozos a la industria cultural. En España, el cine registra cuatro años consecutivos de pérdidas en ventas de entradas mientras aumentan las descargas digitales: más de 300 millones al año.
En música, la crisis tiene mayor veteranía: ocho años consecutivos de reducción de ingresos. En el año 2000 se vendían en este país 600 millones de euros en discos. En 2008, esa cifra se ha reducido ya a los 225,2 millones.
Hasta la fecha, los intentos de la industria por perseguir y penalizar estas prácticas han dado pobres resultados. Ha ido perdiendo casi todos los pleitos contra las páginas web que ofrecen descargas gratuitas. Pero la tendencia en favor de los que claman contra la piratería parece estar cambiando.
Los acontecimientos, por orden cronológico, han sido los siguientes:
- El 1 de abril entra en vigor en Suecia la ley que persigue el intercambio ilegal de archivos y que permite la identificación del usuario que lo realiza para que indemnice a los creadores perjudicados.
- El 2 de abril, la Asamblea francesa aprueba la denominada Ley Antipiratería, que prevé incluso cortar la línea telefónica al usuario que persista en las descargas ilegales.
- El 7 de abril, es nombrada en España ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, una cineasta que ha realizado públicamente duras críticas a la permisividad existente en Internet.
- El 9 de abril, un juzgado de La Rioja condena a un joven de 22 años propietario de una página de descargas ilegales a seis meses de cárcel y al pago de 4.900 euros por lucrarse a través de dicha página.
